Colombia se encuentra en un período de aislamiento preventivo obligatorio a causa de la pandemia de Covid-19 desde el pasado 25 de marzo, con el fin de separar a la población para reducir la velocidad de propagación del virus, incluyendo la limitación de la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con unas excepciones que garantizan el derecho a la vida, salud y supervivencia de los colombianos. Durante estos meses, el Gobierno Nacional ha trabajado para reforzar la capacidad del sistema de salud, ampliar la red de laboratorios para agilizar la toma de muestras y fortalecer planes de respuesta y vigilancia epidemiológica.
Hoy en día, el país está en el proceso de transición de un aislamiento generalizado a un aislamiento selectivo, donde la reapertura económica y la “nueva normalidad” juegan un papel importante. La diferencia es que el aislamiento generalizado consiste en separar personas sanas de potenciales enfermos y expuestos para disminuir la tasa de contactos, cubriendo a casi toda la población, mientras que la segunda se enfoca en un grupo más específico de casos confirmados y sospechosos, y sus contactos, que deben aislarse durante 14 días, la disciplina y responsabilidad individual son esenciales para garantizar un buen resultado.
Por ejemplo, si una persona es diagnosticada positiva de Covid-19, su núcleo familiar se debe aislar inmediatamente sin necesidad de prueba, con excepción de las personas con factores de riesgo. Al aplicar esta medida de manera correcta, se interrumpe la cadena de transmisión de la enfermedad, representando una acción esencial para controlar los brotes epidémicos con apoyo del PRASS (Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), una herramienta clave para desacelerar el contagio e interrumpir las cadenas de transmisión, con la búsqueda activa de casos.